8 Efectos Ambientales Transfronterizos del Proyecto Minero Binacional Pascua Lama: el conflicto analizado desde la perspectiva internacional


Marta Brunilda Rovere1

8.1 Introducción

El proyecto minero binacional Pascua Lama de la transnacional Barrick Gold2 consiste en la instalación y el funcionamiento de un emprendimiento minero en la cordillera de los Andes, que se ubicará sobre el límite internacional chileno-argentino.3 La explotación de los yacimientos mineros que se encuentran ubicados en forma contigua al emprendimiento Veladero, situado en la parte noroeste de Argentina, Provincia de San Juan en la Cordillera de los Andes cerca del límite con Chile, se hará a rajo abierto.4 Se extraerán minerales de oro, plata y cobre, y se hará un procesamiento para obtener metal doré (oro, plata) y concentrado de cobre.5

La futura instalación de este emprendimiento originó un conflicto, debido a las reacciones contrarias de diversos sectores de la comunidad argentina y chilena.6 Los afectados directos del proyecto en Chile son los agricultores del Valle del Huasco y la población de la Provincia de Vallenar (70.000 habitantes). Las asociaciones de agricultores y las comunidades cristianas inician diversas acciones contra el proyecto Pascua Lama. En Argentina se oponen al mismo los habitantes de las localidades de Calingasta, Iglesia y los viñateros de la Provincia de San Juan.

El conflicto abarca aspectos económicos,7 ambientales y sociales, y gira en torno a los potenciales efectos contaminantes que pueden producirse sobre el ambiente y los recursos naturales de ambos países, entre ellos el agua y los glaciares. Estos últimos se encuentran cerca del lugar donde se ubicarán las instalaciones mineras, y pueden sufrir los efectos propios de una actividad contaminante como la minería. En el Estudio de Impacto ambiental presentado por Minera Nevada (empresa subisidaria de Barrick Chile), se omitió la presencia de glaciares que serían removidos para construir el rajo de la mina. Por tal motivo ese mismo año agricultores de la región denuncian la existencia de tres glaciares que se verían afectados por la mina: Toro I, Toro II y Esperanza. En el 2001 COREMA de la Región de Atacama, aprobó el EIA condicionado a la presentación de un plan de manejo de glaciares, tres meses antes de la construcción de la mina. La situación de indefensión de los glaciares, independientemente de esta exigencia, se encuentra agravada por el vacío normativo existente en materia de glaciares en el nivel nacional en Argentina y Chile, y en el bilateral e internacional.

Las objeciones no refieren únicamente a los efectos contaminantes del proyecto, sino que también a los beneficios económicos que producirá. Los agricultores chilenos que utilizan el agua para sus cultivos y para consumo humano, tienen serias dudas respecto de los beneficios que el mismo podría tener para ellos. Argumentan que estarían subsidiando a una empresa minera multinacional que gana mucho dinero, mientras que ellos deben abonar impuestos muy elevados que luego son utilizados por el gobierno para facilitar la inversión a una empresa minera extranjera.

La demanda de agua del Proyecto Pascua-Lama será de aproximadamente 370 l/s en total, que provendrá del Río de Las Taguas8 en Argentina. También se contempla en Chile la extracción de agua para las operaciones de la mina y talleres, estimándose un requerimiento de hasta 42 L/s, que se obtendrán del Río del Estrecho y Río El Toro. Barrick solicitará los derechos de aprovechamiento correspondientes, de conformidad a la legislación de cada uno de los países. La empresa minera habría ofrecido en junio del 2005 la cancelación de más de 60 millones de dólares a los dueños de los derechos de aguas y a los agricultores, en concepto de los potenciales daños que pudiera sufrir la cuenca hidrográfica por la explotación minera.

El problema debe ser analizado en todos sus aspectos, y también desde la perspectiva del derecho internacional, dentro del contexto binacional. Para ello se tendrán en cuenta los principios del derecho internacional ambiental involucrados, los instrumentos económicos y ambientales bilaterales suscritos entre ambos países, y la normativa ambiental de cada uno de éstos.

8.2 Efectos contaminantes sobre los recursos naturales: reclamos de los opositores al Proyecto

El Proyecto fue aprobado en Chile por la Resolución Exenta N° 39 de la Comisión Regional de Medio Ambiente (COREMA) de la Región de Atacama, de fecha 25 de abril de 2001. La empresa había presentado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en agosto del 2000, y las modificaciones en diciembre del 2004.9 En febrero de 2005 la autoridad ambiental envía un consolidado de observaciones al proyecto de ampliación y en abril la empresa entrega las respuestas. En mayo envía nuevas observaciones, y propone a la empresa que estudie la factibilidad de hacer una exploración combinada de rajo abierto y subterránea. El junio la empresa solicita 90 días para presentar las repuestas a tales observaciones.

En Argentina, la Comisión Interdisciplinaria de Evaluación Ambiental Minera (CIEAM) de la Provincia San Juan, fue creada para analizar la Declaración de Impacto Ambiental que presentó Barrick respecto del Proyecto Pascua Lama. Le corresponde la evaluación y posterior aprobación del proyecto, si ello procediere. Esta comisión concedió a sus miembros una prórroga hasta la primer semana de octubre para que presenten sus informes técnicos definitivos. Ello obligó a la empresa canadiense a aplazar sus planes de obtención de los permisos necesarios para comenzar la construcción de la mina de oro y plata.

A la par del proceso de evaluación del proyecto, existe otro paralelo en ambos países, de movilizaciones y reclamos de la ciudadanía y de los opositores a aquel. Estos mencionan entre los efectos contaminantes que el emprendimiento producirá sobre el ambiente y los recursos naturales los siguientes:

Existen varios reclamos efectuados ante los organismos de gobierno. A continuación se enuncian algunos de ellos:

8.3 Situación de los glaciares: vacíos legales

Es indudable la estrecha relación que existe entre el Proyecto minero y los glaciares, ya que éste contempla la realización de la explotación minera en las cercanías de tres glaciares: Esperanza, Toro I y Toro II. El yacimiento se encuentra debajo de esos glaciares, que forman parte de la Cuenca hidrográfica del Huasco, que alimenta a gran parte de los ríos de la zona. En el sector de la naciente de la cuenca del Río El Toro existen varios glaciares además de los mencionados. Según el estudio presentado por la empresa, el rajo de la mina debería ocupar por lo menos 10 hectáreas de glaciares. El denominado ‘Plan de Manejo de Glaciares’ presentado por aquella, contempla su remoción (un total de 10 hectáreas de hielo), lo cual obliga a movilizar hacia el lugar los equipos mineros que realizarán el trabajo (bulldozer y/o cargador frontal). Los trozos de glaciar serán removidos con esa maquinaria hasta dejar despejada la superficie del terreno (principalmente roca), y trasladados hasta un sector adyacente cercano, fuera de los límites que serán intervenidos con el desarrollo del rajo. En el plan se indica que el titular desarrollará un programa de seguimiento de los glaciares removidos y relocalizados, a fin de verificar su evolución y evaluar si la medida de traslado de glaciares adoptada fue adecuada. Si ésta no arroja los resultados esperados y se demuestra que los glaciares tienden a desaparecer, aquel deberá proponer e implementar las medidas compensatorias que resulten pertinentes, que serán evaluadas previamente por la autoridad ambiental.

El 15 de febrero de 2006, la COREMA de la III Región chilena de Atacama aprobó en forma unánime la explotación aurífera de Pascua Lama en la frontera con Argentina, mediante Resolución Exenta N° 024, en la cual establece como condición que ‘el titular deberá acceder al recurso mineral y obras asociadas al desarrollo del proyecto en la zona de glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza de manera tal que no se produzca remoción, traslado, destrucción o cualquier otra intervención física sobre ellos.’ La imposibilidad de intervención material directa sobre los glaciares implica en la práctica que la minera deberá proceder a efectuar minería subterránea o mixta para ejecutar su proyecto.

Para algunos17 la condición impuesta por la COREMA no es garantía de la conservación de los glaciares, ya que éstos ya presentan un evidente deterioro por el polvo procedente de las obras que Barrick realiza desde hace meses (por ejemplo la apertura de caminos).

Argentina18 y Chile no poseen normativa específica referida a la protección directa de glaciares. Son evidentes los vacíos normativos y de políticas existentes en la materia en ambos países,19 lo cual implica que su regulación dependerá en este caso y en lo sucesivo hasta que la cuestión sea normada, de lo que resuelvan las respectivas autoridades ambientales. Tampoco existen tratados o convenciones internacionales que los protejan en forma directa.20

Las posturas en torno a la reducción de la superficie de los glaciares son diversas. La primera hace responsable de esta situación a la intervención efectuada por la empresa en los terrenos cercanos a los glaciares durante 20 años en la etapa del anteproyecto. Afirma que si la minera continúa sus faenas podría producirse la extinción de otros glaciares próximos a los depósitos estériles del mineral (por ej. el glaciar Estrecho), y pronostica la tendencia hacia la extinción de los glaciares más expuestos a los trabajos futuros de la minera Barrick.21 La otra,22 si bien reconoce que ‘hay tres glaciares pequeños que se afectan con el rajo de la mina y ya tienen una disminución en su superficie’, asegura que es necesario consultar a dos glaciólogos del Centro de Investigación Científica de Valdivia, para obtener una evaluación acertada, ‘quienes emitirán pronto los resultados de sus análisis’. La primera de las posturas descarta la teoría de la empresa, que alega que la disminución del volumen de los glaciares se debe al efecto climático, y la segunda sostiene que esta es sólo una de las hipótesis a considerar.

Los glaciares son reservorios y fuente de provisión de agua, y actúan como reguladores del balance hídrico en la cuenca. Estas funciones serán afectadas por la actividad minera y por la reducción de la superficie de los glaciares. También deben ser tenidos en cuenta los impactos sociales que se producirán para los lugareños, agricultores y regantes de Vallenar del Valle del Huasco en Chile, que usan el agua que surge de la fuente natural, para los cultivos de aceite de oliva, aceitunas y vinos, y para consumo humano.

En Argentina la Fundación Ciudadanos Independientes (FU.CI) inició en abril del año 2005 una acción legal, y denunció mediante sumario N° 32.688/05 caratulado ‘Villalonga, Silvia e Icazatti, Silvia C/ Motivo S/ Estado Provincial’ que:

en el informe de la minera Barrick, no se detalló la existencia de glaciares de roca interiores (Permafrost, Capa Activa, etc.), los que constituyen la reserva hídrica de agua dulce de la zona, pues son los que aportan el agua por cauces subterráneos y superficiales, según las necesidades y condiciones imperantes, constituyendo las reservas hídricas, conforme lo expuesto por el glaciólogo23 en su informe titulado ‘Las Reservas Hídricas Ocultas de Veladero.’24

8.4 Normativa nacional ambiental aplicable al Proyecto

La normativa aplicable en materia ambiental en ambos países abarca desde leyes marco o generales del ambiente – ambas normas25 mencionadas en nota al pie contemplan como instrumento de gestión el EIA – hasta normas aplicables en materia de recursos naturales (agua, aire, suelo, áreas protegidas y reservas naturales, entre otras).

En Argentina la Ley General del Ambiente N° 25.675, de presupuestos mínimos de protección ambiental, contiene aspectos de suma relevancia que sientan la base para la formulación de la política ambiental. A partir de la sanción de dicha norma, toda obra o actividad que se realice en el territorio de la Nación que sea susceptible de degradar el ambiente (art. 11) está sujeta a un procedimiento de EIA, en forma previa a su ejecución.

A través de la incorporación de un Título Complementario referido a la ‘Protección ambiental para la actividad minera,’ por medio de la ley 24.585, en el Código de Minería (texto ordenado por decreto 456/97), se exige la realización de un Informe de Impacto Ambiental.26 La realización del Informe de Impacto ambiental (IIA) para las etapas de prospección y exploración, debe sujetarse a lo dispuesto en los Anexos I y II de las Normas complementarias de la Ley 24.585. El Título Complementario del Código de Minería fue reglamentado dentro del marco del COFEMIN, donde se confeccionaron las denominadas normas ‘complementarias’ o ‘reglamentarias’ de la Ley 24.585, aprobadas por dicho organismo a los efectos de su aplicación por parte de las autoridades provinciales pertinentes. De esta manera, se deja a cada Provincia la facultad de reglamentar la Ley 24.585 en sus respectivas jurisdicciones, sin que exista una intromisión en las facultades ambientales provinciales, que refleja una concertación interjurisdiccional de las políticas ambientales y mineras.

En la Provincia de San Juan, la ley N° 6.571 establece en su art. 2° que ‘todos los proyectos de obras o actividades capaces de modificar directa o indirectamente el ambiente del territorio provincial, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental (D.I.A) expedida por la Subsecretaría de Política Ambiental.’ Los emprendimientos mineros deben someterse al proceso de evaluación de Impacto Ambiental efectuado por la autoridad Ambiental Provincial (art. 17). El Decreto 1426/96 de Protección Ambiental para la Actividad Minera, obliga a la presentación del Informe de Impacto Ambiental ante la autoridad de aplicación, para cada una de las etapas del procedimiento minero.

En Argentina las provincias dictan la normativa aplicable en materia de aguas: Códigos y leyes de agua; normas de vertidos a cuerpos de agua; leyes ambientales y normas de prestación del servicio de agua potable y cloacas.27 Los códigos de agua provinciales contemplan las formas de otorgar el uso especial de las aguas públicas (permiso de uso y concesión). La asignación de los derechos de uso del agua corresponde a las autoridades provinciales del agua, que los otorgan según lo previsto en legislación sobre agua.

La Provincia de San Juan tiene un Código de Aguas28 que regula el uso del agua para las actividades mineras. El minero debe impedir la contaminación de los acuíferos e indicar como cualquier usuario, el volumen de la concesión de uso de agua solicitado y el destino de las aguas sobrantes y el modo de extracción.

Al sector minero son aplicables también las normas que rigen a la biodiversidad; parques y áreas protegidas; impacto ambiental; flora y fauna y paisaje. También el valor estético y paisajístico posee una importancia en sí misma, teniendo en cuenta que el art. 41 de la CN refiere a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica. La Ley 24.585 establece en el artículo 18 del Título Complementario que ‘todo el que causare daño actual o residual al patrimonio ambiental, estará obligado a mitigarlo, rehabilitarlo, restaurarlo o recomponerlo según correspondiere.’

La labor minera genera como otros sectores productivos e industriales residuos peligrosos. Al respecto el Código de Minería dispone en su artículo 170 (Texto ordenado por Decreto 456/97), que ‘Los establecimientos públicos de fundición y beneficio de minerales se sujetarán a las disposiciones que rigen las empresas industriales comunes.’ Existe un debate no resuelto, en torno a la aplicabilidad de las normas generales en materia de residuos a la actividad minera.29

En Chile la ley 19.300 sobre ‘Bases Generales del Medio Ambiente’30 contempla el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Incluye como proyecto o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, que debe someterse al SEIA a los Proyectos de desarrollo minero (art. 10, inc. i).

El Proyecto minero Pascua Lama considera la extracción de agua desde los Ríos del Estrecho y, en menor medida del Río El Toro para uso en las operaciones de la mina y talleres, para lo cual la empresa está tramitando la obtención de derechos de aprovechamiento del recurso. La cantidad de agua a extraer será de 42 l/s como máximo en el Río del Estrecho y un mínimo en el Río El Toro. En un escenario de año seco o muy seco (95% de probabilidad de excedencia), las captaciones implicarán una reducción de hasta un 16% en el caudal del Río del Estrecho, en los sectores donde existe captación para riego. En estos años secos el Proyecto se compromete a dejar un caudal en los puntos de captación, equivalente al caudal mínimo mensual de un año con 95% de probabilidad de excedencia, de modo que no se interrumpirá el flujo aguas abajo.

En materia de recursos hídricos se aplica el Código de Aguas de 1981,31 modificado por ley posterior, que regula fundamentalmente los aspectos patrimoniales de agua, pero no los referidos a su conservación, preservación y contaminación. La modificación al Código de Aguas, realizada por la ley 20.01732 incluyó algunas normas de tipo ambiental, tales como aquellas que establecen un caudal ecológico mínimo para otorgar derechos de aguas (art. 129 bis 1). La Dirección General de Aguas (DGA) propuso establecer ‘caudales ecológicos mínimos’ (flujos mínimos para conservar las condiciones ecológicas del cauce) para tramos de un río determinado, que servirán como referencia para la concesión de nuevos derechos.

El titular del proyecto deberá cumplir la Norma técnica Chilena Oficial NCh.1333, que establece los ‘Requisitos de Calidad del Agua para diferentes usos’, y la Norma Chilena Oficial NCh. 409 de Agua Potable para las primeras captaciones para consumo humano que existan en el río, tanto en el Valle del Carmen como en el Valle del Chollay, aguas abajo del proyecto. Estas normas son técnicas y jurídicamente no obligatorias.

8.5 Carácter binacional del Proyecto: tratados ambientales multilaterales y principios del derecho internacional ambiental

8.5.1 Consideraciones generales. Los tratados ambientales multilaterales como creadores de obligaciones para las partes

Debido al carácter binacional del proyecto son aplicables varios tratados bilaterales firmados entre Chile y Argentina, que contemplan aspectos económicos, mineros y ambientales. Tanto Chile como Argentina suscribieron la mayoría de los tratados multilaterales ambientales, que integran su derecho interno. Ambos son parte a su vez de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados de 1969, que dispone que ‘un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado’ (art. 27, principio 1). Esta convención establece a su vez que las relaciones de los Estados parte de dicha Convención, en virtud de un tratado entre dos o más estados, se regirán por aquella (art. 73).

Además de la legislación local y los tratados bilaterales, se aplican los tratados ambientales multilaterales. Será necesario entonces determinar cual es el rango de los tratados internacionales en cada país, y cómo se incorporan éstos a su ordenamiento jurídico interno.

En Argentina, la Constitución Nacional prevé la jerarquía supralegal de los tratados en el art. 75, inc. 22, en forma concordante con lo establecido por el art. 27, Sección I de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, que fue ratificada por la Argentina mediante Ley N° 23.782 (B.O. 7.6.90). Los Tratados de Derechos Humanos enumerados taxativamente en el inciso 22 del art. 75 de la CN poseen jerarquía constitucional. En Chile, los tratados internacionales ‘constituyen una jerarquía de normas que están por debajo de la Constitución, pero antes de la ley común y de todas las demás normas jurídicas que se dicten dentro del Estado.’33 Ambos países coinciden en que los tratados poseen una jerarquía por encima de las leyes, de acuerdo a lo establecido por la Convención de Viena.

Siguiendo a Laciar,34 cabe señalar que el origen fundamental del derecho internacional ambiental se encuentra en las llamadas ‘normas convencionales’, dentro de cuya categoría se incluye a muchos de los tratados aún cuando contengan únicamente algunas disposiciones ambientales. Los tratados ambientales frecuentemente invaden áreas tradicionalmente específicas de los estados particulares, y fijan un marco de reglas internacionales que deben ser complementadas por normas del derecho interno, y adoptadas por el estado parte o firmante del convenio. Es una obligación fundamental en el ámbito del derecho internacional, observar de buena fe los tratados y sus obligaciones. Si bien los tratados y convenios son vistos como creadores de obligaciones para los estados parte, la naturaleza de los problemas ambientales muchas veces no hacen posible definir el contenido exacto de tales obligaciones. La autora mencionada precedentemente dice que éstos, más que fijar exigencias específicas, contienen cláusulas a las que deberán sujetarse las partes para cooperar en el logro de un programa de acción común, para obtener el cumplimiento de los objetivos de un tratado.

Estrada Oyuela35 explica que los convenios ambientales multilaterales pertenecen a la categoría más reciente de tratados desarrollados en siglo XX, particularmente luego de la Primera Guerra Mundial, en los que se ve más claramente la decisión de los gobiernos de hacer esfuerzos conjuntos de cooperación para el bien común. Estos convenios crean secretarías permanentes y conferencias periódicas y suelen contemplar a modo de complemento mediante protocolos subsidiarios, que contienen disposiciones de implementación más especificas que los tratados. Este tipo de tratados crea regímenes jurídicos y son ‘conjuntos de principios implícitos o explícitos, normas reglamentos y procedimientos para la adopción de decisiones.’36 Estos regímenes imponen una interacción constante entre las partes, y en ellos se desarrollaron criterios de control de la observancia de los tratados. Generalmente solicitan a los gobiernos que presenten comunicaciones periódicas sobre el cumplimiento de sus obligaciones, o que informen cuando realicen actores restringidos o regulados por los tratados.

Siguiendo esta línea argumental, cabe hacer mención a ciertos principios del derecho internacional (generales y particulares37) que se aplican al caso Pascua Lama, debido a que están incluidos o subyacen a diversos tratados ambientales internacionales ratificados por ambos países. Éstos integran a su vez el grupo de las denominadas reglas consuetudinarias del derecho internacional, entendidas como normas derivadas de una práctica generalizada y aceptada como ley por los Estados. Existen varias normas consuetudinarias del derecho internacional ambiental que emergen de dicha práctica (por ej. la obligación de cooperar, contemplada por el Principio 24 de la Declaración de Estocolmo, que luego fue adoptada y reafirmada por varios instrumentos internacionales vinculantes y no vinculantes). Podemos hablar entonces de principios fundamentales subyacentes en el sistema internacional, aplicables a todas las materias ambientales.

Como dice Barboza,38 nos referimos a los principios jurídicos que merecieron alguna consagración en la práctica internacional, y que subyacen a un conjunto de normas particulares de derecho positivo.

8.5.2 Principios del derecho ambiental internacional: su consideración en los tratados ambientales multilaterales y en los acuerdos bilaterales

Rigen también en este caso los principios del derecho ambiental internacional consagrados por varios tratados internacionales ambientales, que integran el derecho interno de Argentina y Chile. Muchos de ellos son contemplados a su vez por los tratados bilaterales suscriptos entre ambos países. Haremos referencia a los siguientes principios: preventivo, precautorio, de cooperación y uso racional de los recursos dentro del marco del concepto del desarrollo sustentable.

Estos principios se convierten en obligatorios para los Estados a partir de su incorporación en tratados o normas de la costumbre internacional. El incumplimiento de aquellos por un Estado, lo hará responsable por las consecuencias dañosas. El Estado afectado estará entonces en condiciones de exigir una compensación, por soportar un mayor riesgo ambiental sobre su territorio. Las reglas elaboradas por la Comisión de Derecho Internacional sobre Responsabilidad Internacional39 consagran la responsabilidad internacional del Estado adopte una conducta que constituya una violación de una obligación internacional, que le sea atribuible según el derecho internacional. Sin embargo, esta obligatoriedad se ve frecuentemente ‘suavizada’ o ‘desvirtuada’ de su verdadero efecto en la práctica, ya que es muy difícil hacerla cumplir.

El proyecto Pascua Lama es un emprendimiento binacional situado en la frontera entre Chile y Argentina, que como tal posee un riesgo inherente desde el punto de vista ambiental para ambos países, y que es susceptible de producir efectos contaminantes transfronterizos. Los países involucrados se limitaron a recibir los respectivos estudios de impacto ambiental en cumplimiento de la legislación nacional, a través de los organismos ambientales administrativos pertinentes, que son evaluados por aquellos en forma individual. Sin embargo, no fueron implementados mecanismos conjuntos de evaluación y de consulta a las comunidades afectadas de ambos lados de la frontera, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto binacional. La ausencia de tratados o instrumentos bilaterales que contemplen un sistema de evaluación de impacto ambiental transfronterizo, y de un sistema de consulta compartido para proyectos de estas características debidamente reglamentados, no favorecen un enfoque en conjunto.

Principio preventivo

El principio N° 21 de la Declaración de Estocolmo, denominado ‘preventivo’, alude al derecho soberano de los Estados de explotar sus propios recursos en aplicación de su política ambiental. En contrapartida refiere a la obligación de asegurar que las actividades que se lleven a cabo dentro de su jurisdicción o bajo su control, no perjudiquen al medio de otros Estados. Siguiendo esta línea argumental, se mencionará el tema de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de los actos no prohibidos por el derecho internacional. En el art. 3° del Proyecto de la Comisión de Derecho Internacional40 se hace referencia a la ‘libertad de acción y sus límites’ (subtítulo), y se expresa que la libertad de los Estados para desarrollar actividades en su territorio no es ilimitada, sino que ‘está supeditada a la obligación general de prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible y también a las obligaciones jurídicas concretas que se hayan asumido a ese respecto con otro Estado.’

Según menciona Barboza41 la cuestión enunciada encuadra dentro del principio jurídico del utere tuo et alienum non laedas, y debe ser analizada desde dos ángulos que deben hacerse compatibles. El primero refiere al ámbito de libertad interno, y se basa en la soberanía territorial de cada Estado, que posee un límite expresado en el segundo. Este último está dado por la obligación de no perjudicar el medio ambiente de otros Estados, como resultado de las actividades realizadas dentro del ámbito de su jurisdicción. Según expresa el autor, la soberanía territorial es dual, ya que afirma la libertad de acción en el propio territorio, pero rechaza cualquier efecto perjudicial venido de afuera. Esto confluye en el compromiso de cada Estado de hacer un uso inofensivo del territorio.

Varios tratados multilaterales y bilaterales hacen mención a este principio. El Tratado de Medio Ambiente suscripto entre Argentina y Chile, cuando alude al objetivo del tratado (art. 1°) establece claramente que ‘cada una de las Partes se compromete a no realizar acciones unilaterales que pudieren causar perjuicio al medio ambiente de la otra’. También en su art. 2° menciona reiteradamente el principio preventivo – que busca evitar la producción del daño empleando la debida diligencia y que se relaciona con el concepto de riesgo ambiental42 – cuando refiere a las acciones que las Partes deben efectuar en forma coordinada. Mencionada entre aquellas a la investigación, evaluación y prevención de la contaminación transfronteriza; protección y aprovechamiento racional de los recursos hídricos y de sus recursos vivos; y prevención de catástrofes naturales y ecológicas.

El principio preventivo también se traduce en los mecanismos o instrumentos previstos obligatoriamente en actividades calificadas como ‘riesgosas’, para prevenir el daño ambiental (por ej. Evaluación de Impacto Ambiental – EIA43). En el Tratado de Minería (art. 12) firmado entre ambos países, las partes se comprometen a someter las actividades mineras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile, y a la Declaración de Impacto Ambiental en la Argentina (según la norma provincial).

Principio precautorio

Este principio dispone que frente a una amenaza de daño irreparable al medio ambiente, la falta de certidumbre científica sobre la producción de ese daño no debe demorar la adopción de medidas para prevenirlo. Su origen se remonta a Alemania en la década de los setenta, y tuvo su primer reconocimiento internacional a través de la Carta Mundial de la Naturaleza, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1982. Luego fue adoptado por distintos convenios internacionales ambientales. En la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ECO 92) celebrada en Río de Janeiro, se establece en el Principio 15 que:

Con el fin de proteger al ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.

Si bien este principio no se enuncia expresamente en los tratados bilaterales firmados entre ambos países, recordemos que en el Tratado de Medio Ambiente las Partes acuerdan ‘concertar sus posiciones en los procesos negociadores que se desarrollen en foros multilaterales sobre los temas objeto del presente Tratado.’ Se interpreta aquí que ambos países, que ratificaron la mayoría de los tratados internacionales ambientales en los cuales se enuncia el principio precautorio, adhieren a este principio a través de aquellos. Recordemos que tanto Argentina como Chile adhirieron a la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ECO 92), celebrada en Río de Janeiro.44

Principio de cooperación

El principio de ‘cooperación internacional’ obliga a la coordinación de políticas respecto de ciertas actividades; creación de organismos o comisiones conjuntas; e intercambio de información y procedimientos de emergencias. El mismo es enunciado tanto en el Tratado de Minería, cuando en el último párrafo del art. 12 establece que las Partes deben promover el intercambio de información relevante que tenga relación con los principales efectos ambientales de cada uno de los negocios mineros o actividades accesorias del tratado, como en el Tratado de Medio Ambiente, cuando en su art. 2° refiere las acciones coordinadas o conjuntas que deben realizar las partes en los sectores allí enunciados. El tratado ambiental obliga a las Partes a través del art. 3°, a realizar las acciones conjuntas en las materias del tratado, a través de Protocolos específicos adicionales; intercambiar información sobre la legislación vigente y las instituciones y estructuras existentes en el campo de la protección del medio ambiente; formar bancos de datos sobre la base de recolección, análisis y procesamiento de información sobre el estado del medio ambiente, y realizar estudios de impacto ambiental.

Principio de uso sustentable

En cuanto al ‘concepto de la sustentabilidad’ (relacionado con el principio de ‘uso sustentable de los recursos naturales’), el Informe Nuestro Futuro Común, elaborado por la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (Comisión Brundtland) en 1987, define el desarrollo sustentable como aquel que ‘debe asegurar que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer las propias’. Este concepto se refleja en varias convenciones internacionales y subsume a su vez el principio de equidad intergeneracional, según el cual cada generación tiene el deber de legar a las próximas generaciones, una naturaleza que se encuentre en un estado lo más cercano posible al recibido.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente realizada en Estocolmo en 1972, ya hacía alusión al derecho del hombre de vivir en un ambiente cuya calidad le permita vivir en dignidad y bienestar, y el consiguiente deber de protegerlo y mejorarlo para las generaciones presentes y futuras. Veinte años más tarde, la Declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (ECO 92) consagraba este concepto en varios de sus principios (N° 3 y 10).

El Tratado sobre Medio Ambiente argentino-chileno enuncia el concepto de desarrollo sustentable y el principio de principio de uso sustentable de los recursos naturales, cuando refiere a las acciones conjuntas entre las Partes, que ‘deben impulsar la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales, teniendo en cuenta el vínculo existente entre medio ambiente y desarrollo’ (art. 1°). Cuando enumera las acciones que deberán realizar en los distintos sectores, traduce claramente la idea de un uso racional de los recursos. Así por ejemplo, alude al aprovechamiento racional de los recursos hídricos y de sus recursos vivos; aprovechamiento ambientalmente racional de sus recursos hidrobiológicos y preservación de su diversidad genética; utilización sostenible del patrimonio fito y zoogenético; gestión y administración ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos, otros productos nocivos y de los desechos peligrosos y prevención del tráfico internacional ilícito de los mismos, y utilización racional de los recursos energéticos y desarrollo de fuentes energéticas alternativas ambientalmente inocuas.

8.5.3 Instrumentos bilaterales comerciales y ambientales aplicables al conflicto

Debido a que se trata de un proyecto minero cuyo objetivo es económico, y que a su vez suscita un conflicto de naturaleza ambiental, deberá ser analizado a la luz de cuestiones tanto económicas, como ambientales y sociales. Nos situamos aquí dentro del concepto de desarrollo sustentable, que implica mucho más que agregar o superponer aspectos ambientales a modelos sociales o económicos preexistentes, y que exige integrar las relaciones entre los sistemas biológicos, económicos y sociales en su conjunto, independientemente del tratamiento de aquellos sistemas en forma aislada.45

Los aspectos económicos están contemplados por los tratados, acuerdos y protocolos referidos a las inversiones recíprocas entre ambos países, y por los instrumentos bilaterales que tratan el tema minero en general, y el Proyecto Pascua Lama en particular. Estos deberán integrarse con los aspectos ambientales incluidos en el Tratado de Medio Ambiente, y en el art. 12 del Tratado de Minería, sin olvidar los aspectos sociales que impregnan el conflicto. Chile y Argentina poseen normativa ambiental que deber ser cumplida obligatoriamente por la actividad minera, que además debe realizar los estudios de impacto ambiental en ambos lados de la frontera.

Para una visión integral del problema debemos tener presente, que se trata de un proyecto en el cual están comprometidas inversiones de ambos países,46 que tiene una innegable connotación ambiental. La actividad minera es riesgosa en términos ambientales, ya que por sus características produce impactos ambientales cuyo potencial contaminante es de distinto tipo, ya que varía en cada una de las etapas que la integran (prospección, exploración y explotación). Las connotaciones sociales del proyecto están a la vista – según se refleja en los reclamos descriptos ut supra – y suscitan reacciones visibles en la zona afectada por el proyecto.

Si bien las inversiones involucradas en el Proyecto no podrían denominarse como estrictamente recíprocas, en el sentido literal estipulado en el art. 2° del Tratado de Inversiones Recíprocas47 (este refiere a que ‘cada una de las Partes Contratantes promoverá las inversiones dentro de su territorio de nacionales o sociedades de la otra Parte Contratante’), puede decirse que estamos frente a inversiones vinculadas ambas a un mismo emprendimiento, realizado en cada país por empresas que son subsidiarias de la misma ‘Barrick Gold Corporation’, y que por tal motivo dependen mutuamente una de la otra.

El Tratado dispone que las Partes promoverán dentro de su territorio las inversiones de nacionales o sociedades de la otra, y que tratará las inversiones en forma justa y equitativa. Aquellas que son realizadas de acuerdo con las disposiciones legales de una de las Partes Contratantes, gozarán de la plena protección del Tratado, y ninguna de ellas perjudicará en su territorio la administración, la utilización, el uso o el goce de las inversiones de nacionales o sociedades de la otra a través de medidas arbitrarias o discriminatorias.

Rigen en este caso también el Tratado sobre Integración y Complementación Minera48 y su Protocolo complementario.49 El Tratado sobre Minería constituye un marco jurídico que rige el negocio minero, que tiene por objeto permitir a los inversionistas de cada una de las Partes participar en el desarrollo de la integración minera, de acuerdo a lo establecido por los respectivos ordenamientos jurídicos. Contiene cláusulas ambientales, y establece que las Partes aplicarán sus respectivas legislaciones nacionales sobre protección del medio ambiente (art. 12), ‘sometiendo las actividades mineras al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en Chile y a la Declaración de Impacto Ambiental en la Argentina, según corresponda.’ También deben promover el intercambio de información relevante, que tenga relación con los principales efectos ambientales de cada uno de los negocios mineros o actividades accesorias, comprendidas en el presente Tratado. En cuanto a los recursos hídricos compartidos (art. 14), dispone que su utilización ‘deberá llevarse a cabo de conformidad con las normas de derecho internacional sobre la materia.’ Cita en particular el ‘Acta de Santiago sobre Cuencas Hidrológicas’ del 26 de junio de 1971; ‘Tratado sobre Medio Ambiente’ entre la República Argentina y la República de Chile y el ‘Protocolo Específico Adicional sobre Recursos Hídricos Compartidos entre la República Argentina y la República de Chile’.

El Acuerdo de Complementación Económica N° 16 elaborado en forma conjunta por Chile y Argentina, derivado del Tratado de Montevideo de 198050 por el cual se instituye a la ALADI (Asociación Latinoamericana de Integración), tiene entre sus objetivos facilitar y expandir el intercambio comercial entre ambos países, promover las inversiones recíprocas y facilitar el ‘desarrollo de proyectos de interés común.’ En esta última frase encuadra perfectamente el proyecto Pascua Lama, el cual a su vez es regido por los Protocolos adicionales del tratado en mención sobre Promoción e Integración Minera (N°3), y los N° 20 y 23, que refieren respectivamente a la facilitación del Proyecto minero Pascua Lama, y a la reglamentación y complemento de las facilitaciones establecidas para dicho Proyecto.

Las Partes suscribieron también el Protocolo Adicional Específico al Tratado sobre Integración y Complementación Minera para el Proyecto Minero ‘Lama Pascua’, para la adecuación del proyecto minero ‘Pascua-Lama’, con el objeto de facilitar su desarrollo. El mismo sustituye los Protocolos Vigésimo y Vigésimo Tercero del ACE 16.51

El Tratado sobre Medio Ambiente52 obliga a las Partes a realizar acciones coordinadas o conjuntas en materia de protección, preservación, conservación y saneamiento del medio ambiente e impulsar la utilización racional y equilibrada de los recursos naturales, teniendo en cuenta el vínculo existente entre medio ambiente y desarrollo. Se menciona la prevención de catástrofes naturales y ecológicas (por medio del establecimiento de un sistema de alerta inmediato de las catástrofes naturales y ecológicas), y el análisis de sus causas y las formas de atenuar sus impactos; tratamiento de desechos y productos nocivos; efectos ambientalmente negativos de las Actividades Energéticas Mineras e Industriales y la gestión y administración ecológicamente racional de los productos químicos tóxicos.

A través del Acuerdo sobre Cooperación en Materia de Catástrofes, las partes acuerdan la cooperación mutua en las acciones que emprendan en sus respectivos territorios en caso de catástrofe, y contemplan el diseño y elaboración de Programas, Proyectos y Planes Conjuntos de contingencia.

8.6 Colofón

El conflicto debe ser analizado en todos sus aspectos – ambientales, sociales y económicos – desde la perspectiva del derecho internacional, dentro del contexto binacional. En puntos precedentes fueron analizados los principios del derecho internacional ambiental, los instrumentos económicos y ambientales bilaterales suscritos entre ambos países, y la normativa ambiental de Chile y Argentina.

La ausencia de tratados o instrumentos bilaterales que contemplen un sistema conjunto de evaluación de impacto ambiental transfronterizo, y de participación ciudadana y consulta, atenta contra la sustentabilidad del proyecto. La escasa participación que tuvieron las comunidades afectadas de ambos países en el proceso de evaluación del proyecto, generó reclamos interminables liderados por organizaciones sociales que vieron frustrada la posibilidad de emitir su opinión en un espacio de consulta formal, dentro del marco del proceso de toma de decisión gubernamental.

Esta ausencia se refleja desde los inicios. Tal es así, que en el año 2001 luego de un pobre proceso de participación ciudadana, las comunidades chilenas de Huasco y Alto del Carmen se enteran de la existencia del proyecto minero. Son los propios agricultores quienes dan la voz de alerta a la autoridad ambiental chilena, respecto de la existencia de glaciares en el lugar que abarca el rajo de la mina. Esta pide explicaciones a la empresa, que informa que trasladará los glaciares afectados hacia otro sector alejado del rajo. La autoridad exige información sobre las acciones del traslado de los glaciares, e incluye en la resolución ambiental de calificación del proyecto la exigencia de presentar un Plan de Manejo de glaciares. Una vez aprobado el proyecto la empresa decide suspender el inicio del proyecto, debido al bajo precio de los metales preciosos a explotar.

A pesar de la postergación del proyecto, la preocupación de las comunidades afectadas seguía vigente. Cuando la empresa anunció la reactivación del proyecto en el año 2004, aquellas fortalecieron sus organizaciones para evitar que el mismo se concretara.

Los reclamos y movilizaciones descriptos dan cuenta de las falencias en el proceso realizado por las autoridades públicas, que no tuvieron en cuenta en su justa medida a los directamente afectados por el proyecto.

Surge entonces el siguiente interrogante: teniendo en cuenta que se trata de un proyecto binacional, al que se aplican los principios del derecho internacional ambiental contemplados en los tratados ambientales multilaterales, ¿los estados parte tuvieron en cuenta las consecuencias del proyecto en toda su dimensión? ¿Existió un intercambio de información entre ambos países respecto de los posibles efectos ambientales y sociales del emprendimiento? Más allá de la respuesta, no cabe duda que es inminente la necesidad de formular un instrumento que contemple un sistema común de evaluación de impacto ambiental transfronterizo, y de consulta previa. Lo contrario contribuirá a acentuar las desavenencias y dificultades que por el momento parecieran tener un final incierto.


1 Abogada, especializada en derecho ambiental y de aguas. Codirectora del Grupo de Expertos en Aguas y Humedales de la Comisión de Derecho Ambiental de UICN. Integrante del Consejo de Redacción del Suplemento de Derecho Ambiental, FARN, de la Revista Jurídica LA LEY.

2 Las empresas que desarrollan el proyecto son en Chile la Compañía Minera Nevada Limitada y en Argentina, Barrick Exploraciones Argentinas S.A. y Exploraciones Mineras Argentinas S.A. Las compañías son subsidiarias de la empresa canadiense Barrick Gold Corporation.

3 A aproximadamente 300 km. al nororiente de la ciudad de San Juan, Departamento de Iglesia, Provincia de San Juan (Argentina), y 150 km al sureste de la ciudad de Vallenar, Comuna Alto del Carmen, Provincia del Huasco, III Región (Chile).

4 En el territorio chileno se desarrollará gran parte del rajo abierto y se construirá un basurero receptor de estéril, un chancador primario, un complejo de manutención de equipos de mina y polvorín para el almacenamiento de explosivos. Estas obras se ubicarán en la cabecera del Río del Estrecho, tributario del Río Chollay, sobre los 4.400 metros sobre el nivel del mar. En territorio argentino se desarrollará una porción menor del rajo y se construirá un basurero receptor de estéril, las instalaciones de la planta de procesos, un tranque de relaves, los campamentos de construcción y operación para aproximadamente 4.000 y 1.000 personas respectivamente, además de un aeródromo privado.

5 El mineral será extraído de la mina a razón de 15 millones de toneladas por año y enviado a un chancador primario ubicado en territorio chileno, para reducir su tamaño. Luego será transportado por medio de una correa hasta las instalaciones de proceso que se ubicarán en territorio argentino, traspasando la frontera a través de un túnel de 2.7 km. de longitud. En la planta de procesos el mineral se someterá a operaciones de chancado secundario, molienda y lavado. Los relaves del lavado de los minerales y del circuito de lixiviación serán dispuestos en un tanque que se construirá en el valle del Arroyo Turbio, en Argentina.

6 Ver ‘Argentina y Chile frente al conflicto ambiental suscitado por el Proyecto Minero Binacional Pascua Lama’, Año XIV, N° 1, Suplemento de Derecho Ambiental, FARN, LA LEY, por Marta B. Rovere.

7 El monto de la inversión fue valorado en alrededor de US$ 1.1380–1.500 millones de dólares y la vida útil del proyecto sería de 17 años. La producción anual se calcula en 5.000 toneladas de cobre contenido en concentrados, 615.000 onzas de oro y 30 millones de onzas de plata. Durante la construcción se ocupará un promedio de 3.000 trabajadores, alcanzándose un máximo de 6.000 en el período de punta. La operación dará empleo directo a 1.570 personas, incluyendo a los contratistas, y se calcula que el Proyecto generará entre 3.000 y 4.000 empleos indirectos.

8 El río de las Taguas es uno de los dos ríos principales del extenso sistema de la cuenca del Palca. El río Valle del Cura drena la parte suroeste de la cuenca y el río de las Taguas, en forma conjunta con el río de La Sal, drenan el escurrimiento del sector noroeste.

9 Se ampliaron las dimensiones industriales y de producción y se agregaron las siguientes actividades: explotación de un nuevo yacimiento denominado Penélope, ubicado 2,5 km al sureste del yacimiento principal, en territorio argentino; aumento del ritmo de extracción de mineral de 37.000 toneladas por día a 48.800 toneladas por día; aumento de la tasa de procesamiento a partir del cuarto año, de 33.000 toneladas por día a 44.000 toneladas por día; modificación del punto de captación de agua en el río del Estrecho; reubicación del sistema de manejo y tratamiento de drenajes del depósito de estéril para asegurar un flujo gravitacional y ampliación del campamento ubicado en Chile.

10 Entre otros se mencionan los siguientes: Parque Provincial y Reserva Nacional de Ischigualasto (San Juan) y de Talampaya (La Rioja); Reserva de Biósfera San Guillermo (San Juan); Parques Nacionales: Laguna Blanca (Neuquén), Lanín (Neuquén), Nahuel Huapi (Río Negro), Lago Puelo (Chubut), Los Alerces (Chubut), Perito Moreno (Norte de Santa Cruz); termas Fiambalá (Catamarca), Pismanta (San Juan), El Sosneado (Mendoza), Copahue y Caviavue (Neuquén); embalses: los Nihuiles I, II y III y Valle Grande sobre el río Atuel, Los Reyunos sobre el río Diamante, Agua del Toro, (Mendoza).

11 Dentro de las organizaciones se encontraban representantes de Oceana, del Consejo de Defensa del Valle del Huasco y de Olca.

12 La demanda de nulidad de derecho público fue interpuesta por el empresario ante la Corte de Apelaciones de Santiago de Chile el 27 de enero de este año contra la CONAMA, alegando el proyecto lesiona sus derechos de aprovechamiento de agua en la zona. Fuente: www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama133.htm

13 El Protocolo fue firmado el 30 de junio de 2005 y establece entre otras cuestiones, la transferencia de 60 millones de dólares en un plazo de 20 años para compensar los potenciales impactos y efectos adversos directos e indirectos, que pudieran resultar de la ejecución del proyecto Pascua Lama.

14 Alegan que el acuerdo habría sido unos de los principales antecedentes tomados en cuenta por la Comisión Regional de Medio Ambiente, COREMA, para dar su aprobación a la iniciativa.

15 Firmada por los siguientes: integrantes de la Delegación de las organizaciones del Valle del Huasco frente al proyecto Pascua Lama:Luis Faura, Concejal de Alto del Carmen; Jorge Pino, Concejal Vallenar y Presidente de los M unicipios Mineros; Iván Espinoza, Presidente Pirquineros de la Provincia del Huasco; Juan Peñaloza, Consejo de Defensa del Valle del Huasco; Hermana Sandra Segovia, Congregación Dominicas de la Presentación; Lucio Cuenca, Presidente OLCA; Daniela Escalona, Geógrafa OLCA; Javier Karmy, Periodista, Programa Semillas de Agua.

16 Dentro de los argumentos esgrimidos en los reclamos se menciona que el proyecto no asegura que los glaciares no serán afectados negativamente por el material particulado que genere la minera, que al depositarse en la superficie del hielo produce un aumento de la temperatura que a su vez puede acelerar su derretimiento. También se menciona que las aguas subterráneas bajo la zona de influencia de la mina (debajo de los depósitos de estériles y del rajo) pueden verse seriamente afectados por elementos contaminantes como el mercurio y el arsénico, al filtrarse hacia la napa. Según ellos, el proyecto no aseguraría que materiales tóxicos como el cianuro no sean transportados por la ladera del río Huasco.

17 Por ej. el representante del Consejo de Defensa del Valle del Huasco. Fuente: www.tierramerica.net/2006/0218/noticias2.shtml

18 La única referencia indirecta al tema puede encontrase cuando se hace referencia a los sistemas de montaña, en el documento de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, aprobada por Resolución SAyDS N° 91/03. Allí, en la parte que refiere a la ‘Planificación bioregional y del uso de la tierra’, se establece como objetivo específico N° 4 ‘...lograr un planeamiento para el manejo integral de las zonas costeras y marinas, así como de alta montaña, del país’. Sin embargo, no se hace referencia específica tampoco aquí a los glaciares.

19 Según surge del libro en vías de publicación titulado ‘Aspectos jurídicos de los glaciares’, Centro de Derecho Ambiental de la UICN, UICN Serie de Política y Derecho Ambiental.

20 Cabe destacar, como instrumento bilateral, la Declaración de Calafate firmada en la Provincia de Santa Cruz entre los presidentes de la República Argentina y de la República de Chile el 29 de agosto del 2003, en la que se hace una mención a los glaciares cuando se alude a los efectos negativos que el deterioro de la capa de ozono y el cambio climático pueden causar en el extremo Sur del continente y en la Antártida y a las consecuencias adversas que el aumento de la radiación ultravioleta provoca en general. Se hace mención así a ‘la inusitada intensidad del deshielo que reduce los glaciares y los témpanos’. Los mandatarios deciden dentro del marco de esta declaración, apoyar e impulsar estudios conjuntos de científicos argentinos y chilenos sobre los efectos del cambio climático y el deterioro de la capa de ozono en las zonas patagónicas y en la Antártida, con especial énfasis en la interrelación existente entre estos fenómenos, con la necesaria cooperación internacional adicional a los recursos y esfuerzos que realizan Argentina y Chile.

21 Según surge del resultado del estudio realizado por la Dirección General de Aguas del Ministerio de Obras Públicas, a cargo de un ingeniero experto en glaciares, quien junto a otros 14 especialistas fue convocado en enero por la COREMA de la Tercera Región, para realizar una visita de fiscalización a los trabajos que está realizando la compañía. La COREMA coordinó la visita con la Minera. Fuente: www.olca.cl/oca/chile/region03/pascualama04.htm

22 Representada por el Director de la COREMA de la región de Atacama.

23 Refiere al experto en glaciología Lic. Pablo Milana.

24 Fuente: Primera nota, informe especial de las entrevistas e intercambios que sostuvo Javier Rodríguez Pardo, en San Juan con el investigador glaciólogo, Dr. Juan Pablo Milana y su cuestionamiento a los proyectos de Barrick Gold en la provincia de San Juan, colindantes con el mismo emprendimiento del lado chileno. Javier Rodríguez Pardo, San Juan 27 de julio de 2005.

25 Ley chilena sobre ‘Bases Generales del Medio Ambiente’ N° 19.300 y Ley argentina ‘General del Ambiente’ N° 25.675.

26 Véase arts. 4, inc. a), 8° y 3.

27 Cabe señalar que la Ley 25.688 de presupuestos mínimos en materia de aguas, aplicable en todo el territorio del país, fija el Régimen de Gestión Ambiental de Aguas y establece ‘los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional’.

28 Aprobado por Ley 4392 (B.O.12.6.78) y modificado por las leyes 4.526 (BO 21.2.79) y 5875 (BO 19.4.88).

29 Algunos autores entienden que la aplicación de la normativa común (por ej. LRP 24.051) a la actividad minera iría contra la unidad del derecho minero (porque volúmenes de materia prima involucradas en la minería suelen ser mucho mayores a su equivalente en un proceso industrial típico y en los EE.UU la tendencia es favorable a exclusión de residuos mineros de la legislación sobre RP).

Si se considera aplicable la normativa común sobre RP, surge dilema a partir de la sanción de la Ley 25.612 de Gestión Integral de Residuos Industriales y Actividades de Servicio (art. 60 establece que queda derogada la ley 24.051 de Residuos Peligrosos; esto fue observado y vetado por el Decreto 1343/02). Se esgrimen 2 posturas: a) derogación tácita por incompatibilidades entre ley 24.051 y 25.612; ley posterior deroga a anterior; b) ley 24.051 continúa vigente hasta tanto no exista derogación expresa. No hay disenso en que la 24.051 continúa vigente respecto de las normas de responsabilidad penal respecto de delitos cometidos con residuos peligrosos, hasta tanto se sancione otra norma de presupuestos mínimos en esta última materia (ver artículo 60 de la Ley 25.612 y artículo 1 del Decreto 1343/2002 que veta el capítulo penal de la Ley 25.612).

Por otro lado el art. 60 de la ley 25.612 dispone que ‘hasta tanto la reglamentación establezca la creación de los diferentes registros determinados por la presente, se mantendrán vigentes los anexos y registros contenidos en dicha ley’ (hace referencia a la 24.051).

30 En su art. 8° establece que ‘...los proyectos o actividades señalados en el artículo 10 sólo podrán ejecutarse o modificarse previa evaluación de su impacto ambiental...’.

31 Contenido en el Decreto con Fuerza de Ley (DFL) N° 1.122 promulgado el 13 de agosto de 1981 y publicado en el Diario Oficial el 29 de octubre de 1981.

32 Promulgada el 11 de mayo de 2005 y publicada en el Diario Oficial el 16 de junio de 2005.

33 Silva Bascuñan, A. ‘Tratado de Derecho Constitucional’. Tomo IV, Editorial Jurídica de Chile, Segunda Edición, Santiago de Chile,1997, pág. 124.

34 Laciar, Mirta Elisabeth: Informe Final, Contribución al desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de organización institucional para el desarrollo sustentable de la República Argentina, Programa Desarrollo Institucional Ambiental AR=0065/BID/SRNyAH, Componente Política Ambiental, Buenos Aires, julio de 1995.

35 Estrada Oyuela, Raúl ‘El control de la observancia o cumplimiento de lso acuerdos ambientales internacionales’, en Revista Jurídica de Buenos Aires. Derecho Ambiental, Ed. Lexis Nexis, Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2005.

36 Krasner, Stephen D. ‘International Regimes’, Cornell University Press, 1983.

37 Recordemos que existen principios generales del derecho internacional que son aplicables además a otros ámbitos además del ambiental.

38 Barboza, Julio: ‘Derecho internacional público’, Ed. Zavalía, Buenos Aires, 1999.

39 Arts. 1,2 y 3 de las ‘Drafts Articles on State Responsability adopted by the International Law Comission on 12 July 1996’. Informe de la CDI 1996, Capítulo 3.

40 Op. cit. (41).

41 Op. cit (41).

42 El art. 4° del Proyecto de la CDI subtitulado ‘La prevención’ establece que ‘Los Estados adoptarán todas las medidas apropiadas par prevenir o minimizar el riesgo de causar un daño transfronterizo sensible y, cuando éste se haya producido, para minimizar sus efectos’.

43 Cabe señalar el caso de la obligación de realizar la EIA dentro del marco de la Convención de ESPOO de la Comisión Económica para Europa de 1991, sobre EIA en ámbito transfronterizo.

44 Recordemos a Cano, cuando en su artículo ‘La Agenda 21: América Latina y el Caribe’ publicado en la Revista de Política y Derecho Ambientales en América Latina y el Caribe’, Vol. I, N° 1. Ed. Fundación Ambiente y Recursos Naturales, 1994, Buenos Aires, refiere a que los países que participaron de la CNUMAD de Río asumieron a través de la Agenda 21 un compromiso político, que si bien no obliga jurídicamente a los gobiernos, tiene un importante peso moral y político.

45 Walsh, Juan Rodrigo: ‘El ambiente y el paradigma de la sustentabilidad’, Capítulo 1, ‘Ambiente, Derecho y Sustentabilidad’ en coautoría con Gustavo Acosta, Daniel Ryan, Hernán López, Daniel Sabsay, Marta B. Rovere y María Eugenia Di Paola, editado por LA LEY, septiembre de 2000.

46 El monto total de la inversión es de 1.450 millones de dólares (950 millones para el Proyecto Pascua Lama más 500 millones para las Modificaciones al Proyecto (Véase: www.e-seia.cl/seia-web/ficha/fichaPrincipal.php?id_expediente=1048260). El Proyecto tiene una vida útil de 20 años según las actuales reservas, y anualmente producirá unas 5.000 toneladas de cobre contenido en concentrados, 615.000 onzas de oro y 18,2 millones de onzas de plata.

47 Tratado sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (firmado el 2.08.91) aprobado en Argentina por Ley 24.342 de fecha 9.06.94.

48 Firmado el 29.12.97, aprobado en Argentina por Ley 25243, de fecha 23.03.00

49 Firmado el 20.08.99. Este Protocolo fue corregido por un Acuerdo del 31.08.99.

50 Aprobado en Argentina por ley N° 22.354.

51 www.mineria.gov.ar/planesnacionales/lama_pascua.asp?titpag=Protocolo+Lama+Pascua

52 En materia ambiental resulta aplicable el Tratado de Medio Ambiente (suscripto el 2.08.91) aprobado en Argentina por ley el 24.105 (1.07.92) y en Chile por Decreto Supremo N° 67 del Ministerio de Relaciones Exteriores (16.01.92).

< previous section  < index >  next section >