WCC 2016 Res 073 - Activity Report

Junto a otras organizaciones de la sociedad civil, FARN participa en distintos espacios y procesos para impulsar mejoras en los procedimientos de consulta y reclamo. También trabaja para asegurar estándares de protección de derechos básicos de las comunidades.
En este sentido somos parte de la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo. A través de esta red de ONG hacemos networking y cada año tiene una reunión de estrategia para definir acciones en los meses siguientes. Asimismo, aplicamos a un fondo del Global Greengrants Fund para seguir los impactos de inversiones chinas en Argentina particularmente en el caso de las represas en el ríoo Santa Cruz y nos fue otorgado apoyo financiero. Otro espacio para networking es la presencia en las reuniones anuales del Banco Mundial en Washington participando de diversos eventos de la sociedad civil para poner de relieve nuestra preocupación que incluye la situación de ataque y amenaza que sufren los defensores ambientales y de los territorios en nuestra región.

Particular difusión hizo FARN en los últimos meses sobre las PPP (Public Private Partnerships, denominación en inglés) o Asociación Público-Privadas (APPs). De hecho figura entre las prioridades del gobierno argentino el fomento de inversiones de Participación Público Privado, fundamentando su decisión en que Argentina tiene un déficit de infraestructura tan grande que el Estado no puede hacerse cargo en soledad. Los proyectos de Asociación Público Privada, son un mecanismo que permite el ingreso del sector privado para poder avanzar más rápido y de manera más económica en obras necesarias para el desarrollo. Surgen varias preguntas acerca de la efectiva implementación de este régimen, en particular, vinculadas a la transparencia, rendición de cuentas e impactos ambientales de los proyectos que serán ejecutados bajo esta modalidad. Se requiere saber cuáles son los proyectos que el Estado propone para implementar mediante asociaciones público-privado, si se tratará de obras que luego serán explotadas por el estado, o servicios públicos que incluyan la construcción de infraestructura con explotación por parte del privado, o ambos casos por igual. Asimismo, qué proyectos se llevaron a cabo o se encuentran en vías de ejecución bajo el régimen anterior, y cuál ha sido el balance económico-financiero y los impactos ambientales de dichos proyectos, así como quiénes fueron los proponentes y por qué se consideraron apropiadas sus propuestas. En lo ambiental, qué intervención le ha cabido a los organismos de aplicación, , y qué alcances específicos han tenido dichas intervenciones. En particular teniendo en cuenta la gran envergadura y la inter-jurisdiccionalidad involucrada en gran parte de las obras que se proponen (represas hidroeléctricas, ferrocarriles, rutas); cómo serán llevados cabo no sólo los procesos de definición de los proyectos a integrar a este régimen sino los procesos de licitación, adjudicación y ejecución de obras.

Las instituciones financieras internacionales (IFIs) y recientemente, los Bancos Nacionales de Desarrollo de los países emergentes, son actores de relevancia en el desarrollo de la región debido a sus aportes financieros, que impactan en la política ambiental nacional. Muchas de estas inversiones están dirigidas a obras de infraestructura y energía de gran envergadura, con alto impacto ambiental y social para las comunidades locales. Desde FARN monitoreamos distintos proyectos para conocer los impactos ambientales y sociales, y velar por el respeto de los derechos reconocidos en nuestro orden jurídico.